ECUADOR. A LOS ENEMIGOS DE LA DEMOCRACIA, MAS DEMOCRACIA CON UNA LATINOAMÉRICA UNIDA

La consolidación de democracias populares y la unidad latinoamericana provocan reacciones en los sectores vinculados históricamente al golpismo fogoneado por el capitalismo estadounidense que necesita imperiosamente convertirnos nuevamente en su factoría.

A la rápida reacción de los países hermanos de la región, con la reunión de la UNASUR en Buenos Aires el mismo día del intento de golpe, debe sumarse el pedido de fuertes condenas para los golpistas y el resarcimiento, desde sus patrimonios personales, por los enormes perjuicios económicos que estas aventuras provocan.

Acostumbrados a iluminar los despilfarros del primer mundo alimentando sus calderas con carbón humano proveniente de los países del sur, hoy no toleran la recuperación de la autodeterminación de la mayoría de los pueblos latinoamericanos. Encuentran siempre en cada país, en los sectores económicos concentrados a sus aliados ideales que en casos usan a las fuerzas de seguridad y en otros a los monopolios mediáticos.

Solo la unidad latinoamericana asegurará nuestra independencia, libertad, soberanía y bienestar. Por ello, el presidente Correa debe ser en esta hora el presidente de cada latinoamericano, y la reposición plena del estado de derecho en Ecuador la demanda y exigencia de todos.

Ecuador
Correa dice que se trata de "un intento de golpe de Estado" de la oposición

Confirma que manifestantes intentan entrar en la habitación donde se encuentra ingresado en un hospital militar
QUITO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha denunciado que los sucesos que está viviendo este jueves Ecuador suponen un "intento de golpe de Estado" por parte de la oposición y ha precisado que la sublevación de los policías y los militares es "una conspiración que se ha venido preparando desde hace tiempo".

"Es inadmisible que los llamados a mantener el orden público sean los que lancen bombas lacrimógenas a su presidente", ha señalado en sus primeras declaraciones públicas desde un hospital militar donde se encuentra tras haber sido agredido por los policías que se manifiestan contra su Gobierno. Según dijo, se encuentra "prácticamente secuestrado".

Asimismo, Correa hizo un "llamamiento a la calma" a los ciudadanos y aseguró que está dispuesto a perder su vida, porque después de él "vendrá miles de correas más" y "miles de revolucionarios". "El proceso de revolución ciudadana nada ni nadie lo podrá parar", expresó.

"Esto es una conspiración, que nadie se engañe, y no van a lograr absolutamente nada, porque tengo el apoyo de la mayoría nacional", afirmó el jefe de Estado ecuatoriano en una entrevista a una radio local.

Correa acusó a los partidos de la oposición de promover estos hechos violentos ante sus fracasos en los últimos comicios que han tenido lugar en Ecuador. "Los que no pueden ganar en las urnas, conspiran, conspiran, conspiran, y son unos irresponsables criminales y Dios no quiera que haya muertos", dijo el mandatario.

Las protestas comenzaron desde tempranas horas en las sedes policiales de Guayaquil, Ecuador y Cuencia en rechazo a la Ley de Servicio Pública que restó algunos beneficios, a fin de homologar los salarios de todos los funcionarios. Pero durante el día se han dio caldeando al punto de generar el caos en las principales ciudades.

Entretanto, militares tomaron las pistas de los aeropuertos de Quito y Guayaquil en respaldo a la protesta que, según las autoridades ecuatorianas, están siendo promovidas por "sectores golpistas" que intentan desestabilizar al Gobierno socialista.

Al analizar este panorama, Correa dijo sentirse "traicionado" por los uniformados, "cuando este Gobierno ha subido cuatro veces el sueldo" a los funcionarios. "Estamos construyendo viviendas, y les hemos aumentado los beneficios, no entiendo que por una tontería así se haga tanto daño a la patria", lamentó.

Ante esta situación, el mandatario ecuatoriano no descartó hacer una "depuración" de la Policía, al considerar "inadmisible que los llamados a mantener el orden público sean los que lancen bombas lacrimógenas a su propio presidente, a sus propios ciudadanos".

Para Correa esta es una "situación terrible, totalmente injustificada pero que va más allá de un simple reclamo: es una conspiración que ha venido preparándose desde hace tiempo", y aseveró que "prefiere estar muerto que perder la vida, y perder la vida es claudicar a mis principios".

Así, insistió que no echará "marcha atrás" a sus planes socialistas. "Somos la inmensa mayoría (...) nunca antes ha estado tan fuerte el gobierno, que por un obstáculo que tiene las armas que le confió la sociedad abusen de ella no va a claudicar la patria", advirtió.

INTENTAN INGRESAR A SU HABITACIÓN

Correa consideró que es "sumamente grave" que manifestantes se hayan apostado en los alrededores del hospital militar. "Me informan que hay gente bloqueando el acceso, lo que sería un intento de secuestro del presidente", alertó.

Varios "policías intentan entrar a mi habitación a través de los techos, tal vez para agredirme, para qué se yo, yo no voy a claudicar, si algo me pasa mi amor infinito por la patria y a mi familia", expresó.

Sobre su estado de salud comentó que se encuentra bajo vigilancia y descartó heridas graves. "Me lanzaron una bomba que explotó cerca de mi rostro, me lanzaron una bomba, los encargados de mantener la seguridad pública, de la manera más cobarde", lamentó.

Por último, hizo un llamamiento a "esos policías patriotas que son la gran mayoría y que saben cuánto ha hecho el Gobierno por ellos a someterse a sus comandos, a volver a la normalidad y a sancionar a los malos elementos porque esto no puede quedar en la impunidad", dijo.

EL MORDISCO DE UNA MADRE

Reproduzco aquí una nota del blog de Orlando Barone. Lo hago por varios motivos. Porque la historia es de alto contenido y valor histórico, dramático y esclarecedor sobre el horror del genocidio. Porque es una muestra de lo que puede el amor, la lucha y la conciencia. Y porque siento que le debo un reconocimiento personal a Orlando, ese maestro que fuera galardonado el día que se lo colocó en el extremo opuesto a Joaquin Morales Solá. Muchos sabíamos quien era y que lugar ocupaba. Ellos se encargaron de certificarlo.

Aqui la nota, con la recomendación de no dejar de pasar por el blog de Orlando Barone desde el que la extraje.


El mordisco de una madre
Hay miles de historias de las víctimas del terrorismo de Estado. Día tras día surge alguna sea a través del desenterramiento de restos oscuramente olvidados y ahora devueltos a su identidad por antropólogos, sea a través de un relato conmovedor de un hijo de desaparecidos que recupera con dolor su código genético y su árbol genealógico. Las madres y Abuelas no han cesado su lucha ni su búsqueda. Y no hay genocida viejo ni enfermo ni lastimero que no sienta sobre si la inminencia del tribunal o la condena. El otro día Pedro Sandoval-uno de los más de cien nietos recobrados- contó públicamente a la sociedad cuánto le costó liberarse de la atadura de sus apropiadores a quienes hasta ayudaba a falsear las pruebas de sus prendas personales para que la Justicia no pudiera obtener el ADN. Recién hace poco puede decirse y decir que él fue un “bebé robado”. Robado. Verbo brutalmente exacto y más justo y menos jurídico que decir apropiado. Me acaba de llegar un mensaje de Oscar Fernández Real, periodista jubilado de largo ejercicio en grandes medios. Es escritor y en su juventud ha recorrido el país intensamente, tanto como ha navegado por sus mares y ríos. Cada tanto nos reencontramos. El mensaje de Fernández Real cuenta lo siguiente: “Querido Orlando: Uno a veces escucha de manera fría algunos relatos sobre situaciones espantosas. Pero la realidad te hace estremecer. El otro día mi hijo Martín pasó por mi casa con un amigo de su edad, un gordito de melena larga que le cubría hasta las orejas. Esto tiene su importancia, porque luego mi hijo me preguntó si había anotado que le faltaba el lóbulo inferior de una de ellas. Y me contó que este muchacho había nacido en la ESMA y que su madre, ante la posibilidad de que se lo arrebataran, le dio un mordisco en su orejita, para poder identificarlo algún día. Ella y el marido luego fueron desaparecidos. Pero el bebé fue a parar a la Casa Cuna, y de allí tiempo después lo recuperaron sus abuelos que lo andaban buscando. Ellos sabían del mordisco en la oreja; de aquel lóbulo ausente y de aquel desesperado acto de su joven madre. Y gracias eso identificaron a su nieto. El caso de este chico fue uno de los primeros reconocidos y hasta Magdalena Ruiz Guiñazú hace tiempo le hizo un reportaje frente a la ESMA. Yo lo conocía solo como a un amigo más de mis hijos; me daba curiosidad su manera de esconder las orejas tan obsesivamente. Pero ahora al saber su historia (que él no me la contó) quedé fuertemente emocionado”. Releí varias veces el mensaje de Fernández Real. Y quiero que se conozca. Esta es una carta sobre otra carta. Es tan prudente en el lenguaje que puso mordisco en lugar de mordedura que suena más cruel. Gracias colega por contarnos acerca de este gesto desesperado ocurrido hace más de tres décadas en las mazmorras. Es la pequeña historia de una madre lastimando la oreja de su hijo, para salvarlo de no ser.
Carta abierta leída por Orlando Barone el 29 de Septiembre de 2010 en Radio del Plata.

DOS PROYECTOS, LA MISMA OPOSICIÓN.
Modificación de la Ley de tierras, e incremento del Impuesto Inmobiliario Rural para predios superiores a cuatro mil hectáreas.
Ambos proyectos tienden a poner equidad y justicia a favor de los agricultores familiares de la provincia. De los que cultivan la tierra junto a su familia. De los que hermanados con ella la respetan privilegiando la agricultura por sobre los agronegocios. De los únicos capaces para producir alimentos para todos.
Ambos proyectos son resistidos por los mismos personajes: el rozismo, la Sociedad Rural, Chafor y la Federación Agraria Buzzista.
Todos con una larga y negra historia de egoísmos e insolidaridades. Montados sobre magníficos discursos por democracia, justicia, y verdad, cabalgaron históricamente sobre golpismo, arbitrariedad e hipocresía.

Aseguran que propietarios de cuatro mil hectáreas en el Impenetrable están por debajo de la línea de pobreza. Ahora si se acuerdan de los productores del impenetrable. Vaya indigencia, si a valores de mercado se cotizan entre ocho y veinticinco millones según la zona. Solo los mencionan para capitalizar del conciente colectivo la idea de pobreza en que efectivamente se encuentran aún muchos que en algunas zonas del Impenetrable tienen menos de trescientas hectáreas. Y los mencionan no para ayudarlos, sino porque les conviene usarlos para enmascarar la defensa de sus intereses, en casos totalmente opuestos a los de aquellos.

La perversidad de estos grupos consiste en usar a los beneficiarios de éstos proyectos y mediante el cinismo y el engaño motivarlos en su contra.
Con el proyecto de Ley de tierras agitan el fantasma de que si el estado no entrega las tierras en propiedad nunca tendrán garantías de que serán dueños de la tierra. Cuando el proyecto asegura la posesión de por vida de la misma y transmisible a los hijos. En realidad lo que buscan es que el estado siga vendiendo a veinte pesos la hectárea para que ellos, abusando de las necesidades de los pobres, las adquieran por mil cuando pueden llegar a valer diez mil.
Con descaro instan a los productores pobres a que exijan que el estado entregue en venta todas las tierras productivas que quedan. Pero no responden cuando preguntamos cual es el derecho, no ya de propiedad, sino de posesión de una fracción de tierra para vivir de sus frutos, que se le asegurará a las próximas generaciones de agricultores familiares cuando el estado, habiendo entregado la última hectárea deje la regulación, distribución y uso de la tierra en manos del mercado. Incitan a exigir la entrega en venta de todas las tierras fiscales que quedan, pero plantean que el estado solucione el problema de los banquineros de la zona de General San Martín. Allí ya se entregó la última hectárea de tierra fiscal. Los banquineros son nuestros primeros sin tierra. Sugieren que el estado expropie. Que el estado bobo les expropie a diez mil lo que vendió a veinte pesos y ellos compraron a mil. Quizás abriguen esperanzas que el bobo vuelva a vender garantizándoles un círculo virtuoso.
Con el impuesto Inmobiliario Rural actualmente los terratenientes pagan menos por hectárea por año de lo que cualquier pobre paga en concepto de impuesto por un kilo de pan todos los días. Es decididamente miserable defender tamaña inequidad. Por lo tanto resulta de evidente irresponsabilidad opositora o en su caso favoritismo hacia la concentración de la tierra que algunos diputados hablen de voracidad fiscal cuando se trata de cuatro pesos por hectárea por año para predios de más de cuatro mil hectáreas.
Mal se puede hablar de voracidad fiscal cuando es de estricta justicia que los que más tienen más aporten, y cuando estos aportes tienen por objeto el fortalecimiento de los Consorcios de Servicios Rurales llamados a ser la herramienta de desarrollo de los agricultores familiares. Los mas postergados y olvidados por todos los gobiernos pasados.
Esteban Branco Capitanich
Presidente del Instituto de Colonización.

ACUERDO LEGISLATIVO DEL PRESIDENTE DE COLONIZACIÓN

Decía en mi última carta en respuesta al bloque rozista de la Cámara de Diputados lo siguiente: “Respecto de la falta de acuerdo legislativo a mi designación, no se ocupen ustedes de las decisiones de nuestro bloque. Sí, les digo que Vuestro voto negativo será por mi considerado un halago, dado que pondrá en claro no solo que no somos iguales, sino que nosotros estamos por la defensa de la tierra para los agricultores, mientras ustedes siguen añorando en el Instituto de Colonización presidentes que favorecieron millonarios negocios en perjuicio de ellos, y que hoy están denunciados por nosotros en la justicia. Si para ellos levantaron ustedes alborozados las dos manos, asegúrense tenerlas en los bolsillos cuando de mi se trate. Por favor no me ofendan con ningún gesto de aceptación, porque repito: no somos iguales.”
Lo sostengo en toda su extensión. Soy plenamente consiente que los que levantaron sus manos para sostener en el Instituto de Colonización a presidentes como Carlos Gasko, Roberto Cogno y Omar Rodriguez, quienes junto al vocal José Moreno están hoy procesados por la justicia como consecuencia de la enorme corrupción que protagonizaron en el organismo, no lo harán por quienes hemos impulsado esta investigación y procesamientos.

También debo decir que mis límites éticos me imponen no realizar ningún tipo de acción frente a los diputados que deben decidir sobre este acuerdo. No lo haré porque estoy absolutamente convencido que no corresponde. El acuerdo lo solicita el señor gobernador, los diputados deben evaluar la idoneidad de los propuestos y en caso de rechazo argumentar con elementos comprobables las razones del mismo.
Sí, me veo en la necesidad en este momento, de hacer pública la maniobra que llevan adelante los diputados del rozismo, para obstaculizar tanto la investigación como la transformación de aquella “enorme y corrupta inmobiliaria rural” que construyeron, en un organismo transparente que no solo le brinde a los agricultores familiares y pueblos originarios la garantía de posesión de las tierras a ellos destinadas, sino que además la asegure para sus hijos y nietos el imprescindible acceso a las mismas en el futuro.
La propuesta de modificación de la ley de tierras vigente, puesta a debate por el gobernador Jorge Capitanich y el estrepitoso fracaso que vienen sufriendo los alfiles del rozismo en la Cámara en cada debate –aunque solo participaron en tres de los treinta y nueve realizados-, en su intento por impedir que se difunda, enriquezca y consensúe el proyecto, han puesto en marcha una estrategia de negociaciones a efectos de lograr el rechazo del pliego de quienes el gobernador ha designado para conducir el organismo.
Por diferentes razones, en el quehacer político de nuestro país, la palabra “negociar” se ha estigmatizado. Muy poco la sociedad confía en las negociaciones. Habitualmente éstas, entre políticos, partidos, etc. se perciben turbias y se ven sospechosas a consecuencia de los altos índices de corrupción que la clase política ha demostrado en este país a lo largo de su historia. Estos altos índices tienen que ver con el bastardeo y la distorsión de las legítimas negociaciones que los debates determinen para el logro de modificaciones que mejoren las políticas que se plasmen para beneficio de la sociedad. Es práctica frecuente que resultan prenda de intercambio de favores o acuerdos entre las distintas parcialidades políticas que apuntan a la satisfacción de pretensiones sectoriales o personales, las que lejos de llevar algún beneficio no pocas veces están absolutamente reñidas con los intereses generales.
Se ha dicho hasta el hartazgo que los intereses por los negocios ilegales con las tierras públicas han sido usufructuados por el rozismo, pero también es cierto que ha habido participación de terceros, tanto profesionales como empresarios y personas físicas de distintas extracciones políticas. De modo que el arco opositor al acuerdo legislativo excede la bancada rozista y consecuentemente genera un clima fértil para acuerdos que respondan a cubrir intereses subalternos de sectores diversos.
Es por ello que queremos alertar a la opinión pública que las maniobras que se pudieran producir para el rechazo de la propuesta del señor gobernador de la provincia tiene claramente un transfondo que no se expresa con honestidad, sino que bajo pretextos y argumentos supuestamente vinculados a la pretensión de una mejor conducción del organismo, lo que se busca es evitar el esclarecimiento y garantizar que la tierra pública vuelva a ser un multimillonario negocio para pocos.

Esteban Branco Capitanich
Presidente del Instituto de Colonización

¿QUE HICIERON POR NOSOTROS LOS KIRCHNER?


Versión libre sobre escenas de la película "La vida de Brian"

"No fue un gobierno de empresas ni de economistas el que ha logrado reducir la deuda externa"

La lucha y los intereses mezquinos sobre las tierras productivas tiene una larga historia.

Estamos convencidos que la tierra pública productiva merece un debate serio, fundado, responsable, que privilegie los intereses colectivos por sobre las apetencias individuales. Toda vez que éste debate se ha dado en el marco de la organización de sectores no vinculados a los pequeños productores, a la agricultura familiar, a los verdaderos destinatarios de la tierra fiscal, ha sido evidente la manipulación con el objeto de evitar que graves distorsiones puedan ser remediadas. Y no es casualidad, porque como veremos a continuación en apretada síntesis, los sectores interesados en la acumulación, la especulación y los negocios tienen una larga historia de profundo desprecio por los intereses colectivos. Y también de desprestigio del estado con la clara pretensión que éste abandone su indelegable rol de regulador de este bien social. Si bien los sectores que atizan tal desprestigio son precisamente los que contribuyeron al mismo sentando presidentes en el organismo que hoy están procesados por la justicia, sostenemos que jamás el estado debe abandonar en manos del mercado la administración y regulación de la distribución del uso de la tierra.

Por ello, y para elevar el debate trataremos de exponer algunos tramos de ésta historia para que definitivamente tomemos conciencia que el camino que transitamos no tiene destino. Y no lo tiene por el simple hecho ya expresado que un bien social en modo alguno puede ser considerado una mercancía que sólo está al alcance de quien posea dinero para tomarlo.


Desde la conquista hasta mediados del siglo XX
Las campañas de extermino de los pueblos originarios con el objeto de la conquista y “colonización” del territorio fueron, junto al genocidio, también la avanzada del saqueo, y acumulación que subsiste en este tiempo. Las tierras “conquistadas” a sangre y fuego habían sido objeto de grandes negociados a favor del latifundismo, que encarnaron los más altos funcionarios y militares de la época.
En nuestra provincia los latifundistas se quedaron con todas las tierras mejores, y luego, ni siquiera pagaron lo que les correspondía por ellas.
El Chaco, a través de las informaciones estadísticas que se pusieron en práctica para entregar al latifundio y a la especulación las tierras publicas de todo el país entre ellas las de este territorio, sabe que el origen de todas las dificultades y penurias del agro argentino y en especial del nuestro, se deben casi exclusivamente a aquellas política de despilfarro de tierras, que coloco gran parte del suelo Argentino en manos de empresas o particulares ajenos a las labores agrícolas y que son los que asfixiaban con elevados arriendos a los auténticos agricultores quedándose a veces hasta con el 50% de los beneficios de la producción.

La oposición de estos latifundistas, especuladores y oportunistas mercenarios, tiene historia en el Chaco. Ya en los años treinta, ante las presiones de los auténticos trabajadores de la tierra, funcionarios que pretendían intervenir para modificar la descomunal inequidad reinante eran perseguidos por éstos. Crónicas de la época lo reflejan de la siguiente manera: “...este Director de Tierras que con su plan de ordenamiento de la tierra publica tocará poderosos intereses creados, habrá de ser combatido subterraneamente por los latifundistas y acaparadores de tierras, y porque acaso, una vez mas, esas gravitaciones pueden truncar la profunda transformación económica-social que significaría la ejecución de las patriotas finalidades del citado funcionario...”; “…el actual director de tierras, señor Julio Cesar Urien, se ha expresado en estos términos: son los latifundios constituidos para y exclusivamente por sucesivas transferencias hechas a favor de esas compañías por los propios propietarios de lotes adquiridos al Estado…”
“...queda dicho a través de esta nueva nota periodística y de la referencia a la posesión de los mas altos funcionarios del latifundio y sus orígenes son ampliamente conocidos; pero quede dicho también, que el poder ejecutivo y el parlamento, conocedores a las desastrosas derivaciones de los latifundios, nada hacen por destruir combatiendo esos efectos en sus causas mismas."

Los dramáticos efectos de la primera guerra mundial (1914/17) tuvieron un fuerte impacto en la argentina, y de manera especial en la provincia del Chaco como consecuencia de una corriente inmigratoria europea ávida de tierras fértiles.

A ésta situación, el gobierno nacional respondió con una política de tierras orientada a la ocupación y desarrollo económico de territorios incorporados a nuestro país a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Entre los que se encontraba el Territorio Nacional del Chaco creado en 1872.

La política de tierras del gobierno nacional atravesó distintas etapas. La ley 817 (1876) de “Inmigración y colonización”, fue sucedida por las ley 4167 (1903) que tuvo por objeto ordenar el manejo y distribución de las tierras fiscales. Estableciendo la exploración y mensura, con un fuerte predominio de explotaciones agrícolas para las que se estableció como unidad la fracción de 100 hectáreas.

A fin de fortalecer el desarrollo productivo en 1908 se sanciona la Ley 5559 llamada de “Fomento de Territorios Nacionales” cuya misión era promover obras públicas que facilitaran el poblamiento del territorio.

Entre 1916 y 1947 se crearon 42 colonias agrícolas, la mayoría en el centro del Territorio Nacional del Chaco. Se sumaron luego otras, producto de la subdivisión de grandes propiedades.

Como resultado del avance de la inmigración la población del Territorio del Chaco se incrementó rápidamente. En 1914 el Chaco tenía un total de 46.274 habitantes, en 1920 alcanzaba a 60.564 habitantes y en 1947 llegaba a 430.555 pobladores. De esta forma el Chaco se ubicaba dentro de los primeros territorios nacionales en cuanto a su población.

Todo este proceso se va dando sin modificar sustancialmente la inequidad reinante por la fuerte oposición de los terratenientes que obligaban a las corrientes inmigratorias a ocupar espacios alejados, inexplorados y de más dificultoso acceso a las obras públicas existentes.

Dictadura. Campaña del Oeste. Chaco Puede.

Es en este punto en el que no puede obviarse que el golpe de estado de 1976 no fue una simple explosión de prepotencia militar. Fue un proyecto político conducido por los sectores ultraconservadores integrados por la llamada patria financiera, la oligarquía terrateniente, y los monopolios concentradores de la renta y el producto del esfuerzo de pequeños empresarios campesinos y trabajadores. Con fuerte apoyo de los EE.UU. Todo ello como freno a una creciente corriente nacional y popular con matices diversos que desde la década del 60 fue tomando forma organizativa en pos de la recuperación de estructuras que permitieran el desarrollo de políticas públicas con alto contenido social y distributivo. Este avance de la conciencia de intelectuales, trabajadores, pequeños empresarios, profesionales y campesinos entre los que claramente se destacaban las jóvenes generaciones trajo como consecuencia la recuperación de importantes conquistas que afectaron los intereses monopólicos del poder económico. Entonces queda claro que no se trató de una aventura militar. Tan claro que Martinez de Hoz en representación de ese poder económico fue el ideólogo y ejecutor de todas las políticas de destrucción nacional planificadas antes del golpe, limitándose las fuerzas armadas a la ejecución de las mismas y a la eliminación de todo vestigio de aquel avance de la conciencia nacional y popular.

En 1976 la provincia del Chaco contaba con un complejo agroindustrial algodonero no solo de una magnitud extraordinaria, sino, y es lo más importante, al servicio de los productores y trabajadores. UCAL (Unión de Cooperativas Algodoneras Limitada), contaba con un complejo de 30 cooperativas con sus desmotadoras; dos poderosas y modernas hilanderías, en Barranqueras y Santiago del Estero; una fábrica de algodón hidrófilo en Saenz Peña; un frigorífico y una fraccionadora de vinos.

Este impresionante complejo cooperativo modelo en la argentina se constituyó en el único caso en el país en que los propios productores elaboraban el 80% del producto bruto provincial, con el importantísimo componente social adicional que empleaba cerca de 3.000 obreros con los que compartía el 17,5% de las utilidades. Era imperioso recuperar este enorme negocio para los monopolios. Bunge y Born, Anderson & Clayton, Dreyfus, La Belgo Argentina, no podían seguir aceptando que un grupo de dirigentes jóvenes desde la militancia de las Ligas Agrarias en cinco años hayan convertido al movimiento cooperativo en la gran empresa que beneficiando a miles de agricultores terminaba con las enormes ganancias que a costa del sacrificio de éstos iban a los bolsillos del capital explotador.

Es por eso que en la provincia del Chaco una de las primeras medidas de gobierno del general Antonio Facundo Serrano fue el desmantelamiento del sistema cooperativo y la persecución de todos los dirigentes que no fuesen funcionales al proyecto político de los monopolios. Como ejecutor de las políticas de desmantelamiento del aparato productivo cooperativo actuó el Licenciado Pablo Benedit como Ministro de Economía.

En ese contexto una de las empresas que montó la dictadura giró bajo el engañoso lema “Chaco Puede”, y tuvo como objetivo el negociado de las tierras del Impenetrable en lo que se denominó “La Campaña del Oeste” en la que se gastaron millones de dólares.

Costosos faraónicos proyectos de obras de infraestructura como por ejemplo pavimentación de la ruta Juana Azurduy, perforaciones, diques, embalses, represas, sistemas de canalización y riego absolutamente estrafalarios tuvieron por único objeto la entrega de las tierras fiscales a capitales foráneos como parte de una multimillonaria estafa a los intereses provinciales. Una criminal fantasía.

Abundante bibliografía y documentos periodísticos dan cuenta de una intrincada trama de colaboracionismos y complicidades para éste segundo gran negociado con las tierras fiscales productivas de nuestra provincia que tuvo como principal sustento la supuesta garantía de satisfacción de las necesidades en materia de agua a cuyo efecto se daba profusa difusión al Programa de Estudio Hidrológico del Pico del Chaco en el marco de la Campaña del Oeste, como “SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE AGUA EN LA EXPANSIÓN DE LA FRONTERA AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO” cuya Dirección ejerciera en la época el reconocido Licenciado Geólogo Ramón Vargas.

De tal magnitud fue la fantasía que se hablaba de 170 mil hectáreas bajo riego proveniente de perforaciones solo en una zona del Impenetrable con el objeto de –bajo el disfraz de radicar empresas- entregar las tierras. Por ello a mediados de 1977 el general Serrano luego de una de estas exposiciones expresaba con la conocida cínica grandilocuencia que suele caracterizar a los farsantes: “…es uno de los días mas felices de nuestra acción de gobierno, que es tener la certeza que la preocupación del agua en la Campaña del Oeste ha desaparecido. Contra los detractores –agregó-, los pesimistas, los que no tienen el valor de ir hacia esa zona, la exposición del geólogo Vargas no es intuitiva o sentimental, sino técnica y profunda…”

Todo esto sirvió para que con gran publicidad en los medios nacionales a través del latiguillo “CHACO PUEDE” entre los años 1976 y 1980 se vendieran 1.411.000 hectáreas. El 22% de la superficie productiva provincial en menos de cinco años. Así es como el segundo gran negociado con las tierras públicas se volvió a firmar con sangre.

Se engañaba escandalosamente con estos proyectos pregonando la expansión de la frontera agropecuaria mientras con el Licenciado Benedit a la cabeza se desmantelaba el complejo cooperativo UCAL desguazando las 40 hectáreas y la planta de Barranqueras y llevándose un coronel, robada por supuesto, la fábrica de algodón hidrófilo de Saenz Peña al Paraguay, sumiendo así nuevamente en la pobreza a miles de productores que había construido independencia, autonomía, bienestar y ciudadanía.

Próxima nota: El Rozismo, otra escandalosa matriz de saqueo

ANTONIO RODAS INTENDENTE

Amplio triunfo del candidato peronista de Frente Chaco Merece Mas en la localidad de Fontana, Chaco.

Con mas del 60% de los votos y una diferencia superior al 20% sobre el candidato de la Alianza Frente de Todos en el Chaco ya se ven los resultados del excelente gobierno de Jorge Milton Capitanich que recupera por amplio margen un municipio gobernado hasta ahora por los restos del rozismo.

Sin lugar a dudas esta elección en un municipio del gran Resistencia da la pauta de una clara tendencia hacia un contundente triunfo en 2011 en la provincia y la nación de un proyecto consolidado en la comprensión popular. Fuertemente consolidado a pesar de la enorme campaña difamatoria y desinformativa de los medios concentrados y de una oposición sin ideas. Ambos cegados por la desesperación, el resentimiento y ya desnudos sus intereses subalternos por su propia campaña obstruccionista basada en las mas burdas y falaces mentiras, han construido su estrepitoso fracaso a manos de un pueblo que advierte el enorme desprecio que tuvieron por su inteligencia.

En 2011 con Néstor, Cristina y Coqui, mas independencia económica, mas soberanía política, mas justicia social y bienestar creciente para todos los argentinos y chaqueños.

Hasta la Victoria Siempre.

“Con 4 mil hectáreas tienen un patrimonio de $20 millones”
Fabricio Bolatti refuta a ruralistas

Lo afirmó el diputado del Frente Grande tras las críticas recibidas de entidades ruralistas contra su proyecto de elevar el Impuesto Inmobiliario Rural. Dijo que en El Impenetrable, 4 mil hectáreas pueden superar los $20 millones.

El legislador del Frente Grande, Fabricio Bolatti, salió al cruce de las críticas que recibió su proyecto de ley para subir el Impuesto Inmobiliario Rural por parte de la Chafor y Sociedad Rural del Chaco que aseguraron que con un campo de 4 mil hectáreas en El Impenetrable un productor no superaba la línea de la pobreza. En ese sentido, el diputado advirtió que “4 mil hectáreas en El Impenetrable equivalen a un patrimonio de 20 millones de pesos”...

En declaraciones a RADIO CIUDAD (92.3 mhz.), el diputado aseguró que “4 mil hectáreas, estén dónde estén en la provincia, es una muestra de capacidad contributiva importante. Ellos pueden decir que no superan la pobreza con 4 mil hectáreas, pero esas 4 mil hectáreas pueden estar hoy valiendo entre 20 y 40 millones de pesos, o sea tienen un patrimonio importante. Si no están produciendo como puede ser, habría que trabajar desde el Estado para que apliquen un modelo productivo más eficiente, si es que es así”.
Bolatti aclaró que no fue invitado por las autoridades de la comisión de Agricultura cuando se trató el proyecto con la presencia de las entidades ruralistas, pero que el objetivo es la actualización del Impuesto Inmobiliario Rural que aún se calcula en base a la ley de Convertibilidad en cuanto al valor de la tierra y al valor de la producción. “Hoy estamos con un tipo de cambio de 4 a 1, con aumento de precios internacionales, y lo mismo el valor de la tierra, que ha crecido en forma impresionante en la última década, y el impuesto ha tenido una variación mínima que estableció el Poder Ejecutivo y no se ha actualizado”, explicó el diputado.
“Lo planteamos este año porque las condiciones de precio y climáticas han cambiado, y entendíamos que no debía ser el aumento en forma general sino empezar por los grandes dueños de la tierra que son los menos afectados por las cuestiones climáticos, porque tienen más inversión, tienen un sistema productivo distinto a lo que por ahí tiene el mediano y el pequeño productor”, sostuvo. Y agregó que “atendiendo sobre todo a cómo está la distribución de la tierra en la provincia es que fundamentábamos este aumento”.

Los dueños de la tierra

“Hay 150 productores o dueños de la tierra que tienen el 25 por ciento de la propiedad de la tierra, donde hay empresas internacionales como Cresud de Soros o Eurnekian que tienen ocho, diez, veinte o 30 mil hectáreas hasta 66 mil hectáreas que tiene el grupo Soros. Vemos cómo se ha venido acumulando, cómo estos grupos han avanzado en la propiedad de la tierra y vemos el impuesto que pagan, que es bajísimo, prácticamente inexistente”, subrayó Bolatti.

“Desde 4 mil hectáreas para arriba era una cantidad que ya manifestaba una capacidad contributiva muy importante, sobre todo atendiendo a los precios que hoy tienen los productos y la tierra en la provincia del Chaco”, señaló el legislador del Frente Grande. Como contrapartida, destacó que hay 17 mil productores que no llegan a tener 100 hectáreas cada una que en total suman el 5% de las tierras productivas. “Esos son los verdaderos héroes de esta historia, porque son los que subsisten, trabajan, viven en el campo, todos los días la están peleando”, subrayó Bolatti, y recordó que para este sector se crearon los Consorcios Productivos de Servicios Rurales que se financian con parte de lo que se obtenga con el Impuesto Inmobiliario Rural a los grandes productores. “Con el aumento lo que estamos haciendo es sacarle a los que más tienen para distribuir entre los pequeños productores que han venido siendo afectados y no han podido consolidarse en todo este tiempo”, sostuvo.

La distinción

Bolatti aclaró que el proyecto de ley incluye una diferenciación entre los campos de las distintas zonas productivas de la provincia. “Le da a cada zona una característica productiva y ahí hace la diferencia entre la tierra productiva de la zona de Charata y la del (departamento) Brown o el Güemes que es otra capacidad. También ve lote por lote cuánta tierra productiva tiene, qué bajos, si tiene lagunas o no, si tiene montes o no, y en base a todo eso saca un coeficiente que es el que se le aplica al impuesto”, explicó el diputado.

“El esquema es muy justo y está establecido, pero si nosotros aumentamos ese coeficiente estamos haciendo un aumento general del impuesto. Por eso buscamos un atajo que es poner un impuesto mínimo para aquellos que tienen más de 4 mil hectáreas”, agregó.

“Cuando el Poder Ejecutivo vaya avanzando con la actualización y algún día supere este impuesto mínimo va a regir el monto que establezca el Poder Ejecutivo”, aseguró Bolatti. Y graficó que “si un campo hoy paga por hectárea 2,50, si ese campo tiene 4 mil hectáreas pasa a pagar 4 pesos por hectárea. Si el Ejecutivo actualiza y en vez de 2,50 pasa a 4,50, rige el monto mayor, o sea que en algún momento la actualización que haga el Poder Ejecutivo va a superar los montos que estamos estableciendo en esta ley”.

"Urlich aseguro que Linsa desvió la traza para

evitar campos de Branco Capitanich"

No se si mandarle una carta documento, un psiquiatra, o un veterinario...

Qué votaron los cañones el 16 de septiembre de 1955
Por José Luis Di Lorenzo
[¡Viva la Marina! Cartel de la Unión Cívica Radical apoyando el golpe de Estado contra un gobierno elegido por el pueblo]

El proyecto de país que se destruyó a sangre y fuego era el de distribuir para crecer, el de la visión política espacial, el del pleno empleo como garante del mayor nivel salarial, el de la integración latinoamericana.

La década del ‘45 fue precedida por la primera década infame, la del treinta, en la que el conservadurismo terrateniente se apropió del poder mediante el fraude y gobernó el país oligárquicamente en sociedad explícita con Gran Bretaña.

Es el coronel Perón quien, desde el Departamento Nacional del Trabajo, luego Secretaría, inaugura una nueva institucionalidad que incorporó a los trabajadores, quienes de ese modo dejaron de hacer política contra el Estado para pasar a hacerla con el Estado.

Desde el 2 de diciembre de 1943 se concretan las primeras e importantes medidas laborales y sociales: se crea el fuero laboral para resolver conflictos que antes debían solucionarse en forma privada; se otorgan aumentos salariales por decreto; se crea el sueldo anual complementario; se celebran convenios colectivos de trabajo bajo la tutela del Estado, se dictan 111 leyes laborales, todo hasta 1945.

La Argentina de por entonces cuestionaba lo que se dio en denominar la "democracia formal", fundada en el fraude electoral y en los pactos de cúpula entre políticos conservadores y radicales, condenando escandalosos negociados ocurridos en la época que los involucraban, como el de la Chade y el de los terrenos de El Palomar.

Si bien los precios mayoristas habían aumentado un 65,5 por ciento entre 1938 y 1945 y el salario real apenas un 12,3 por ciento, el inicio del reconocimiento a los derechos de los trabajadores por el gobierno del general Edelmiro J. Farrell preocupó a los hasta entonces dueños del poder. Trescientas diecinueve entidades patronales dieron a conocer el "Manifiesto del Comercio y la Industria" por el que protestaban contra la nueva legislación laboral del gobierno. Esta proclama del 16 de junio de 1945 fue suscripta por la Cámara Argentina de Comercio, la Industria y la Producción, Bolsas de Cereales, la Cámara de Grandes Tiendas y la Cámara de Exportadores, a las que un día después adhirieron la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas, agregando su reclamo contra el que consideraban el abusivo "Estatuto del Peón".

Aquella Argentina, la de la Segunda Guerra Mundial, estaba dividida en aliadófilos y germanófilos. Una coalición integrada por socialistas, comunistas, conservadores, radicales y demócratas progresistas, en septiembre de 1945, expresa su enfrentamiento a las políticas que tildan de nazi-fascistas mediante la marcha de "la Constitución y la Libertad", que simbólicamente es encabezada por el embajador norteamericano Spruille Braden. Convocadas las elecciones nacionales, el 24 de febrero de 1946 la fórmula Perón-Quijano obtiene el 56 por ciento de los votos venciendo a la de la Unión Democrática que postulaba a Tamborini-Mosca y representaba a los partidos de la coalición "democrática".

Transcurridos los primeros seis años de gobierno, en 1951, el presidente Perón plebiscita su gestión, logra 4.580.000 votos contra 2.300.000 de la Unión Cívica Radical. El sesenta y seis por ciento de los argentinos lo respaldan.

Sin embargo, los "demócratas", argumentando que intentaban asesinar a Perón, ametrallan y bombardean al pueblo en la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 para luego derrocar al gobierno popular y constitucional mediante el golpe militar de septiembre de 1955. Casualmente en las mismas fechas pero diez años después del "Manifiesto del comercio y la industria", y de "La marcha de la Constitución y la Libertad".

Qué tenían que destruir

En la década de 1945-1955 se sentaron las bases del Proyecto de la Justicia Social, proyecto de país truncado autoritariamente, cuyos pilares constitutivos son la soberanía política, la independencia económica, y la justicia social. La idea dominante es la de pasar de la política representativa a la participativa, construyendo la comunidad organizada como visión superadora del agotado modelo de la partidocracia liberal. Modificando la legitimidad formal expresada en aquello de que "el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes", por la construcción de una nueva legitimidad, la real, en la que "la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el Pueblo quiere y defiende un solo interés: el del Pueblo. El Gobierno es del Pueblo para el Pueblo –agrega– cuando es realmente ejercido por el Pueblo, condición que sólo puede realizar un Pueblo que posee conciencia, organización y personalidad social".

En lo económico, el justicialismo plantea la economía social, que es aquella que pone el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Se trata de una filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista, que procura realizar el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Doctrina social que realiza la justicia social dando a cada persona su derecho en función social. El eje central de la nueva concepción es la armonía: nadie se realiza en una comunidad que no se realiza.

El peronismo asume el agotamiento del proyecto agroexportador impulsando la industrialización. Modifica la estructura económica del país, cancela la deuda externa originada en el gobierno de Bernardino Rivadavia, nacionaliza los servicios públicos, regula los precios y salarios, universaliza la previsión social y la salud pública, califica y también universaliza la educación cuya currícula es el nuevo proyecto de país, genera una fuerte redistribución del ingreso hacia los más postergados, haciendo realidad aquello de que donde hay una necesidad hay un derecho.

Las conquistas sociales son institucionalizadas en la Constitución de 1949, que lleva a la cúspide de la pirámide normativa otra Argentina, la productiva, con empleo, salarios justos, protección a la niñez y la ancianidad, acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, dueña de sus recursos naturales y de sus servicios públicos. El trámite y derogación de facto de esa norma constitucional resulta un caso ejemplar de cómo el cuestionamiento formal fue funcional a que se nos quitaran importantísimos derechos a todos los argentinos.

Durante su trámite, los opositores a la reforma constitucional cuestionaron el quórum para la votación (si dos tercios del Congreso o dos tercios de los presentes), crítica que terminó siendo la justificación confesa de su posterior derogación por el golpe de Estado de 1955, de la que los mismos "demócratas" de la Unión Democrática, que se oponían porque habían perdido poder político y visto afectados sus intereses económicos, participaron activamente. El trasfondo y la realidad era que la oligarquía no podía admitir que se consolidaran constitucionalmente los derechos sociales conquistados por el Pueblo.

Para no discutir obviedades, basta constatar qué paso con nuestros niños, con la educación, con la salud pública, con los mayores, con las jubilaciones, con el empleo, con la vivienda, con el nivel de los salarios, con los recursos naturales, con los servicios públicos, con el endeudamiento externo, con la soberanía política, con la independencia económica. Lo que querían y lograron era quedarse con lo que nos corresponde a casi tres tercios de los argentinos.

El proyecto de país que se destruyó a sangre y fuego era el de distribuir para crecer, el de la visión política espacial, el del pleno empleo como garante del mayor nivel salarial, el de la integración latinoamericana, el de hospitales públicos que garantizaban que la salud no fuera un negocio para pocos, el de la Universidad Obrera, el de la ciencia y tecnología pueblocéntrica, el de la integración de nuestro interior, el de la planificación y sus dos planes quinquenales, el que llevó a más del 50 por ciento de la riqueza la participación de los asalariados, el que mientras se construía el nuevo país socorría con la transitoria e indispensable ayuda social, el de la solidaridad con los pueblos hambreados, el que donó trigo y carnes a la Europa devastada. Demasiado para los mercaderes que sentían que demagógicamente se estaba repartiendo lo que por un supuesto derecho natural les correspondía solamente a ellos.

Un dato es irrefutable, al justicialismo había que derrotarlo por las armas porque tenía ganado el corazón y reconocimiento de la gran mayoría del pueblo. Lo que ocurrió en 1955 y en 1976 también. No se debe olvidar que el golpe de 1955 tuvo un cauce, que motorizó el odio y la división de los argentinos. Camino que transitó falacias, sofismas, blasfemias. Se apelo a Santo Tomás de Aquino y el tiranicidio para justificar el quiebre de la voluntad popular ametrallando al pueblo en aquel junio del ‘55, a levantar la quema de iglesias para ocultar la mutilación y muerte del verdadero templo de Dios, el hombre. A cuestionar por antinacional los acuerdos de 1955 con la Standard Oil que en realidad resentían los intereses petroleros británicos. A difamar a las jovencitas que concurrían a la UES, a demonizar a Perón, a Evita y a los peronistas.

Sin embargo, había objetivos concretos absolutamente emparentados con la Argentina oligarca, la que no bien fue derrocado Perón liquidó el IAPI, liberalizó la economía, privatizó los depósitos bancarios, incorporó a la Argentina a los organismos internacionales de crédito, privatizó las empresas del Estado, decretó la apertura a las inversiones extranjeras, liberó las importaciones, elimino las barreras arancelarias. Sin duda los grandes perjudicados fueron los asalariados a quienes mediante una devaluación del orden del 120 por ciento se les disminuyó su poder de compra y el nivel de participación en la distribución de la riqueza que habían logrado.

Sangre o tiempo

Destruir lo construido fue un objetivo que se mantuvo constante a manos de los "demócratas" realmente germanófilos. Los beneficiarios y partícipes del poder político residual de por entonces se encargaron de silenciar las atrocidades perpetradas contra la democracia. Es más, aún se escucha a quienes fueron comandos civiles horrorizarse cuando manifestantes orinan en la Plaza de Mayo, pero nada dicen ni dijeron de quienes bombardearon ese lugar donde nació la Patria.

No sólo se trató de balas, asesinato, muerte. Hasta nuestros días llega la discusión de que Perón huyó, que no tuvo valor para enfrentar la sedición, que si Evita viviera... Lo que no quieren ver ni admitir es que hubo una decisión clara, no acompañar un baño de sangre entre argentinos, evitando que eventualmente los jacobinos de la libertad, autodenominados libertadores, dividieran a la Argentina en dos, quedándose con el sur petrolero en alianza con Gran Bretaña.

Cincuenta años después de que nos privaron de la libertad en nombre de su defensa, de quienes fueron inmisericordes "en nombre de Dios", de quienes decían defender la Fe y demostraron ser los mercaderes que se apoderaron del templo, es importante tener memoria, y aunque el pueblo sí perdona, no debe olvidar.

El bombardeo a la Plaza de Mayo, el golpe de 1955, el golpe de 1976, el autoritarismo fueron instrumentos del egoísmo de unos pocos que se creen los mejores, superiores, los predestinados, cuando solamente defienden sus propios intereses y las posiciones logradas. Es necesario revisar la historia para no tropezar con la misma piedra, porque aquellos que lo único que quieren es atesorar despreciando al que no tiene porque consideran que es lo que se merece, han quebrado la voluntad comprando y cooptando voluntades, disciplinándonos –o intentando hacerlo– mediante la exclusión y por la necesidad de sobrevivencia, y, aunque con otros ropajes, el ‘55 sigue presente.

Aquella barbarie les costó a los trabajadores algo más de cinco billones de pesos, que dejaron de disponer para mantener su nivel de vida, a lo que se le debe sumar el costo de su salud prepaga, de educar privadamente a sus hijos, de los servicios que si bien son públicos son un pingüe negocio privado. Riqueza que no se perdió, simplemente paso al bolsillo de los pocos que alentaron y alientan conculcar los derechos ciudadanos.

Nuestro pueblo ya ha puesto su sangre, 50 años después es tiempo de remediar lo social reconociendo la verdad histórica y asumiendo que todo proyecto inconcluso llama, reclama. El proyecto que nos arrebataron y sigue pendiente es el de la Justicia Social, necesario para volver a armonizar.

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